Pobreza, una realidad evitable. Esteban Beltrán, director de AI-España

egún alerta Naciones Unidas, el número de personas que viven en situación precaria -unos mil millones- se podría triplicar en 2050. En España hay ya 12.741.434 personas. A más pobreza, más enfermedad y también más muerte. Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, se pregunta cuándo dejará de ser un tema molesto, imposible de abordar.

Tres mil millones de pobres en 2050, según alerta el Consejo Económico y Social de la ONU. ¿Estamos sentados sobre una bomba de relojería?
-El problema es que estamos sentados sobre la peor violación de derechos humanos que existe en el mundo. La pobreza aumenta -también en los países del Norte- y con ello la vulnerabilidad de millones de personas, que lo sufren con total indefensión. Afortunadamente, con la pobreza también ha aumentado la movilización en la calle y no sólo aquí sino EEUU, Rusia o China, que han demostrado una gran capacidad de movilización de gente que se rebela ante esta situación, y que está generando gran inestabilidad social. Insisto en que hablamos de una desesperante violación de derechos humanos: hay que llamar a las cosas por su nombre.
-Si la pobreza es el origen de multitud de problemas, contrasta con la escasa motivación de los gobiernos por llegar a algún acuerdo en esta materia. ¿Realmente hay algún interés en acabar con este problema?
-Nunca se han puesto los medios ni las posibilidades para acabar con la pobreza, en este contexto de violación de derechos humanos fundamentales. En épocas de crecimiento económico se buscaba resolver esto con medidas economicistas. Se ha discutido sobre pobreza en rondas de comercio, lo cual es insólito. Se ha percibido esta lucha como una parte de las políticas públicas. Pero la crisis empezó siendo financiera y se ha convertido en una crisis de derechos humanos. Se han aplicado políticas de austeridad, especialmente en el Sur de Europa y esto ha tenido importantes efectos en los derechos de las personas.
Lo que también ha demostrado esta crisis económica es que los derechos humanos son demasiado importantes como para dejarlos en manos de los gobiernos, porque siempre son los "grandes olvidados". En época de Bush se sacrificaron libertades fundamentales en aras de la seguridad. Ahora se sacrifica el acceso a la salud, a la vivienda y a la educación en aras de la crisis económica. Hasta que la pobreza no se convierta en un tema de derechos humanos no habrá rendición de cuentas, ni justiciabilidad, ni un juez te va a poder amparar. Sólo así habrá responsables de violaciones de derechos humanos, con nombres y apellidos. Mientras tanto, la pobreza será un tema molesto imposible de abordar.

"La manifestación pacífica frente a los domicilios particulares de políticos es -siempre y cuando sea pacífica-, una manifestación legítima y no puede restringirse a priori y de forma generalizada"

-¿Cómo concretar esto en la práctica?
-El enfoque sería, por ejemplo, que todas las constituciones reconocieran el derecho a la salud, a la educación y a la vivienda al mismo nivel que la protección del derecho de reunión o de asociación. En el ámbito de Naciones Unidas ya existe un mecanismo aprobado en 2008, que es el protocolo al Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, que da instrumentos para que las personas que padecen el crimen de la pobreza tengan un lugar al que recurrir; debería ser ratificado por más países. También sería necesario que la jurisprudencia nacional e internacional estuviera enfocada en la protección del derecho a la vivienda, educación, salud, etc. Por ejemplo en España, en cuarenta años de democracia, el Tribunal Constitucional nunca ha admitido a trámite un recurso de amparo basado en el derecho a la vivienda. Y eso es muy representativo.
-La política ha fracasado. La indignación, las manifestaciones, los movimientos contra los desahucios, los escraches, cada vez son más numerosos. ¿Estamos despertando?
-Por primera vez hay una reclamación en la calle para que los derechos humanos no sean negociables, no se puedan violar y no tengas que renunciar a ellos.

Huyamos del concepto general de la responsabilidad compartida. Hay medidas concretas que adoptan gobiernos o empresas concretas que hacen que la gente sea más pobre.

-También se percibe un intento de estigmatización del movimiento ciudadano.
-Por un lado hay un nivel muy grande de movilización ciudadana, sólo el año pasado hubo treinta y cinco mil manifestaciones en nuestro país. El nivel de indignación ha crecido y, en líneas generales, creo que se respeta; aunque también asistimos a un intento de restricción de este derecho, como refleja la reforma del Código Penal. Más descarada todavía es la intolerable estigmatización que está sufriendo la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, que han sido comparados con "organizaciones filoetarras" o "prácticas nazis" por parte de personas vinculadas al Gobierno. Eso es inaceptable, por ello nosotros en su día exigimos públicamente el cese de estos ataques, al tiempo que escribimos una carta a la vicepresidenta del Gobierno. Quiero recordar que las manifestaciones pacíficas, independientemente de lo que opinen las autoridades judiciales o gubernamentales, no requieren de autorización, sólo hay que comunicarlo, que es muy diferente. Es un derecho inalienable.
-Desde Amnistía Internacional están haciendo un seguimiento para garantizar estos derechos. ¿De qué manera?
-Estamos revisando toda la legislación española relacionada con el derecho de reunión y manifestación, y hemos hecho pública una nota y una carta al Gobierno sobre el tema de los escraches. En ella señalamos que la manifestación pacífica frente a los domicilios particulares de políticos es -siempre y cuando sea pacífica-, una manifestación legítima y no puede restringirse a priori y de forma generalizada. Lo fundamental es la libertad de expresión, que no puede ser vulnerada porque otras personas lo encuentren ofensivo, 
molesto, o porque las autoridades digan que puede convertirse en un riesgo para el orden publico. Se hace para transmitir un mensaje, crítica o protesta a personas concretas por, tanto no se pueden aplicar medidas generalizadas como desplazamiento a trescientos 
metros del domicilio en particular, porque pierde su objetivo. Dejaría de ser libertad de expresión y el Estado español -según reconoce el derecho internacional- está obligado a garantizar el ejercicio pacífico de este derecho.

Las palabras están muy estudiadas. Nos acercan a la economía y nos separan de los derechos humanos.

-Para posibilitar este cambio de rumbo, hace falta que cambien las leyes.
-Hablamos de la pobreza, del derecho a la vivienda, a la educación pero lo cierto es que mientras no se pueda cambiar la Constitución para lo contemple como un derecho fundamental -como ha ocurrido en Francia o Alemania-, mientras no exista un marco legislativo es muy difícil que un juez pueda aplicar incluso la jurisprudencia internacional. Por tanto, dejemos de hablar de recortes y hablemos de violaciones de derechos humanos: eso lo cambia todo.
-La pobreza en España afecta al 27% de población, según datos de Intermón. A pesar de ello siguen los recortes, o las violaciones de derechos humanos como usted las llama. Si la austeridad mata, ¿esto es un crimen?
-Un recorte en infraestructuras o en defensa es un recorte en gasto público legítimo, pero cuando afecta a los derechos de la gente puede ser una violación de los derechos humanos, según el marco que establece Naciones Unidas. En primer lugar, si es una medida regresiva, si nos hace retroceder en derechos, como ha ocurrido en la salud con los inmigrantes irregulares y la retirada de la tarjeta sanitaria. Y en segundo lugar, si esa medida se adopta sin consultar a nadie. Visto esto, los recortes en salud no son recortes, sino violaciones de derechos humanos. Cuatrocientas mil ejecuciones hipotecarias ente 2007 y 2013, desalojos forzosos sin alojamiento alternativo, y silencio por parte del Estado que no hace nada para garantizar el derecho a una vivienda adecuada, eso es una flagrante violación de derechos humanos.
La pobreza mata, y nos dicen que todos somos responsables. ¿A que eso no lo diríamos en el caso de las torturas? Cuando viene a este país un comisario europeo de derechos humanos y le dice al Gobierno que la pobreza infantil ha aumentado, le está diciendo que tome medidas para solventar este problema; y yo no soy tan responsable como el que tiene en su mano decidir sobre esas medidas. Huyamos del concepto general de la responsabilidad compartida. Hay medidas concretas que adoptan gobiernos o empresas concretas, que hacen que la gente sea más pobre. Es importante identificar a las víctimas y a sus causantes.

En cuarenta años de democracia en España, el Tribunal Constitucional nunca ha admitido a trámite un recurso de amparo basado en el derecho a la vivienda. Eso es muy representativo.

-Muchas veces ha hablado de cómo se han manipulado las palabras para dulcificar lo que pasa, ¿la responsabilidad de los medios de comunicación es tan grande como parece?
-Sin duda. Si en vez de decir "mucha más gente ha entrado en el umbral de pobreza" dijéramos "hay más gente en España víctima de violaciones de derechos humanos", la aproximación al problema sería distinta. Si en vez de pobres les llamáramos víctimas. Si en vez de recortes habláramos de políticas o medidas que violan. Si en vez de justicia social habláramos de falta de capacidad de defensa ante los tribunales para obtener un juicio justo, o una reparación en caso de que una persona sea desalojada forzosamente de su vivienda, estaríamos hablando de otras cosas. Las palabras están muy estudiadas. Nos acercan a la economía y nos separan de los derechos humanos.
-Hace unos años tuvimos una entrevista con motivo de la publicación de su libro "Derechos torcidos", donde afirmaba que defendía estas ideas a nivel personal, no como director de Amnistía Internacional. Unos años después, ¿ambos caminos confluyen?
-Desgraciadamente lo que decía en aquel libro se ha cumplido punto por punto, y lo lamento enormemente porque eso significa que ha aumentado mucho el sufrimiento de la gente. Los que trabajamos en derechos humanos sabemos que los avances en esta materia nunca son definitivos. Nunca se llega a un lugar como Ítaca, donde se respetan los derechos, sino que hay que pelear cada día. El aspecto positivo es que los retrocesos tampoco son definitivos. Como sociedad creo que hemos aprendido que los derechos humanos no se pueden dejar sólo en manos de los gobiernos aunque sea su responsabilidad, sino que deben estar recogidos en la Constitución y formar parte de una agenda ciudadana. Δ
fuenteshttp://www.revistafusion.com/201307172720/Entrevistas/Entrevistas/pobreza-una-realidad-evitable-esteban-beltran-director-de-ai-espana.htm