martes, 19 de febrero de 2013

El Tercer Sector reclama garantía de rentas y protección de la clase media para evitar la pobreza en España


La Plataforma del Tercer Sector reclamó este martes en el Congreso de los Diputados una garantía efectiva de rentas y medidas de protección de la clase media para evitar situaciones de pobreza y erradicar la que ya existe y que está aumentando en España.
Carlos Susías intervino en una mesa de debate sobre modelo del Estado del bienestar dentro de un debate organizado por el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, y expuso la visión del Tercer Sector.
Denunció que es un "insulto" decir, como dicen muchos responsables políticos, "que todos lo estamos pasando mal" por la crisis económica y los recortes, porque así está "una gran parte de la población" pero hay otra parte a la que le va "bien o muy bien" a pesar de todo.
Se puso a sí mismo como ejemplo para asegurar que gracias a su salario tiene un nivel de vida propio de la clase media y su situación no tiene "nada que ver" con la de quienes viven en situación de pobreza. "Es muy difícil hablar de terceros sin estar muy cerca de ellos", sentenció.
Defendió tres grandes pilares para erradicar la pobreza: la garantía de derechos de las personas y la posibilidad de ejercitarlos de forma efectiva; la garantía de recursos para sostener el sistema de atención social; y democracia y transparencia para que el modelo de atención social sea de verdad viable.
Cree que la garantía de derechos empieza por una garantía de rentas, algo de lo que carece ahora más de un millón de familias en España, y por una estrategia inclusiva en empleo.
En cuanto a la garantía de recursos, reclamó un sistema impositivo de verdad equitativo y progresivo, con una estrategia de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, y defendió que tan social es contratar trabajadores sociales como inspectores fiscales o de trabajo.
Sobre la democracia y la transparencia, pidió a los partidos modificar la regulación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) porque es "impresentable" que se consigan las firmas exigidas y después el debate dependa de si a la mayoría parlamentaria le "apetece" o no abordar ese asunto.
"No puede ser esa cerrazón", aseguró, y exhortó por ello a las formaciones políticas a garantizar legalmente que las ILP son al menos debatidas, aunque luego se aprueben o no.
Reclamó también mayor transparencia de las administraciones, de los partidos, los agentes sociales y las ONG, de forma que todo el que reciba dinero público tenga que explicar a qué se dedica.
Finalmente, pidió una ley específica que regule el Tercer Sector, y dejó claro que no reclaman "políticas de pobres, ni para los pobres", sino medidas a favor de la clase media para evitar la pobreza y erradicar la existente.
José Manuel Ramírez Navarro, en nombre de la Asociación Estatal de Directores Gerentes de Servicios Sociales, subrayó que en España hay gente, sobre todo niños, que pasan hambre, y que cada hora cinco beneficiarios de la Ley de Atención a la Dependencia son expulsados del sistema.
"Miles de personas mueren sin ningún tipo de atención pese a habérseles reconocido el derecho", denunció, y "lo peor está por venir" debido a la "involución" que provocará la reforma de los ayuntamientos promovida por el Gobierno.
Cree que se está poniendo en riesgo la cohesión social en España, por lo que pidió al PSOE que hable de ello con un discurso "coherente y sin complejos" y gobernando de manera "diferente" al PP allí donde tiene la opción de gestionar servicios públicos.
Ana Lima, del Consejo General de Trabajo Social, denunció que no está habiendo una mera "reorganización de competencias" sino un cambio total de modelo hacia la "desaparición de servicios" porque se dejarán en manos de las comunidades autónomas sin capacidad de financiación.
Reclamó por ello una ley marco de servicios sociales que establezca unos mínimos, con una renta básica de ciudadanía y la catalogación de los servicios.
Yolanda Besteiro, de Mujeres Progresistas, denunció el intento de regresión al "modelo tradicional" de división sexual de tareas y atribuciones al margen de intereses individuales o capacidades, "a las mujeres nos quieren devolver al hogar".
En la mesa anterior, socio-educativa, intervino entre otros el presidente de Ceapa, Jesús María Sánchez, que llamó a seguir defendiendo la escuela pública como mecanismo de garantía de la cohesión social y la igualdad de oportunidades.
Argumentó que solo la escuela pública acepta a todos los niños con independencia de sus características, su clase social y sus capacidades de todo tipo, "no selecciona" a los alumnos.
Por tanto, alertó, recortar en educación es "acercar a la marginalidad" a miles de niños de familias desfavorecidas o de entornos rurales, porque tendrán una educación de peor calidad, más dificultades para permanecer en el sistema y, por tanto, peor formación para su inserción sociolaboral.
Denunció que los tres pilares públicos fundamentales, la educación, la sanidad y los servicios sociales, están sufriendo "continuis ataques" por parte de quienes deberían defenderlos, y reclamó insistentemente una educación "gratuita, universal y laica" porque solo así puede ser "compensadora de desigualdades" y no 
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