miércoles, 7 de agosto de 2013

El Gobierno defenderá el próximo lunes en el Parlamento su estrategia contra la pobreza

Rojas afirma que es un documento "abierto" y dice que la modificación de la Ley de Vivienda es un "hito histórico"
Rojas afirma que es un documento "abierto" y dice que la modificación de la Ley de Vivienda es un "hito histórico"
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Canarias comunicará el próximo lunes la Estrategia frente a la Pobreza, Exclusión Social y el Desarrollo Humano a los grupos parlamentarios en un pleno extraordinario del Parlamento de Canarias.
La Estrategia contará con un presupuesto adicional de 190,9 millones de euros y, según Inés Rojas, consejera de Políticas Sociales, se trata de un documento "abierto" por lo que espera las aportaciones de los grupos parlamentarios al texto que presenta el Gobierno.
Rojas aclara, en una nota, que Canarias cuenta con una Estrategia "fundamentalmente ágil", que contempla, por un lado, un serie de medidas concretas de emergencia para las familias que necesiten ayuda urgente y por otro, con medidas estructurales, en las que se modifican dos leyes, la de Vivienda y la de Prestación Canaria de Inserción.
Entre las medidas contempladas en la Estrategia, el Gobierno destinará a la atención a la emergencia social un crédito adicional de 6 millones de euros.
Además, se ampliará el presupuesto de la Prestación Canaria de Inserción con un crédito adicional de 11,5 millones de euros para el periodo 2013-2015, así como se modificará la actual Ley de la Prestación Canaria de Inserción, con el fin de ampliar el colectivo destinatario a todas aquellas personas que no dispongan de recursos económicos, simplificar el procedimiento e incrementar la protección de las familias con menores a cargo.
Rojas anuncia también la elaboración de un acuerdo marco con la Fecam para dar cobertura a las familias con personas en situación de dependencia con problemas afrontar su atención, un acuerdo para los próximos dos años y medio por el que se dará asistencia a unas 6.000 personas dependientes. Esta iniciativa generaría unos 1.500 empleos aproximadamente y con una inversión de 9 millones de euros.
"La solución a la pobreza pasa ineludiblemente porque se establezcan los mecanismos para una mejora de la economía y que esta conlleve generación de empleo. Y esto es clave porque estamos oyendo declaraciones del Gobierno central sobre la mejora de la economía pero también previniendo que esta mejora no va a generar empleo", señala.
Rojas afirma también que se trata de una estrategia de Gobierno en la que estarán "implicados" los departamentos de Gobierno que tienen que ver con la economía, el empleo, las políticas sociales y la educación.
En este sentido, aclara que Canarias es la única Comunidad Autónoma, junto a Andalucía, que ha presentado medidas concretas frente a la pobreza derivadas de la crisis económica. "El resto de comunidades tienen planificación frente a la exclusión o la inclusión social en el marco de una planificación normalizada, y Canarias es, además, la única comunidad junto con Andalucía que presenta medidas concretas en el ámbito de la vivienda libre", explica.
De hecho, expone que el Gobierno de Canarias ya ha iniciado su proceso de consulta y ha remitido para su dictamen al Consejo Económico y Social la modificación de la Ley Canaria de Vivienda, que será llevada para su debate y aprobación en sede parlamentaria una vez que se reinicie la actividad en el Parlamento.
"La modificación de la Ley Canaria de Vivienda supone un hito histórico ya que permitirá que el Gobierno canario expropie el uso de las viviendas de las entidades financieras o entidades jurídicas a favor de las familias en emergencia social", indica.
INTERÉS GENERAL
En su opinión, supone una "clara vocación" de defensa del interés general frente a otros intereses, y legisla sobre el bien a las que las familias destinan la mayor parte de sus recursos: la vivienda, que junto con el empleo constituyen "los dos grandes desencadenantes del empobrecimiento de la sociedad española".
El objetivo, apunta la consejera, es evitar el desalojo de sus viviendas a las familias desahuciadas en situación de emergencia social, así como dinamizar el parque de viviendas vacías que existe en el mercado en manos de entidades financieras y entidades jurídicas.
Además, apunta que se reorientarán las políticas de vivienda hacia el alquiler social para facilitar una vivienda a familias con escasos recursos económicos y en riesgo de exclusión social.
En materia de apoyo a la Infancia, el Gobierno tiene previsto la aprobación de II Plan de Infancia y Familia, ya que para atender a la "infancia empobrecida" hay que atender a la familia, indica Rojas, que destaca la apertura de los comedores escolares en verano el pasado 1 de julio.
Un total de 70.426 escolares asisten a los 462 comedores de las islas, 6 comedores más que en el curso anterior. De estos escolares, 36.900 reciben ayudas totales o parciales para este gasto.
Aparte de estas medidas, el fomento del Empleo y el impulso del Desarrollo Humano constituyen los pilares básicos de actuación de la Estrategia frente a la Pobreza, ya que la dinamización de la economía constituye la "principal arma de lucha contra la pobreza".
DESARROLLO ECONÓMICO
Esta línea cuenta con dos medidas generales: las de desarrollo empresarial, en la que el objetivo es crear empleo mediante microcréditos a proyectos de autoempleo o proyectos innovadores, y el Plan de Empleo Social, destinado a tres grupos de personas y familias, aquellas en las que ningún miembro esté percibiendo retribuciones o prestación alguna; personas en situación de desempleo de larga duración o en exclusión social, o en riesgo de padecerla.
Se trata de medidas de impacto directo, con 80 millones destinados a facilitar el crédito para emprendedores y empresas generadoras de empleo para el periodo 2013-2015.
En cuanto al Plan de Empleo Social, la responsable de Políticas Sociales explica que se trata de una medida "extraordinaria y urgente" para dar respuesta a las "dificultades" económicas y sociales.
Sus destinatarios son personas desempleadas integrantes de unidades familiares en las que ningún miembro percibe retribuciones o prestación alguna, personas en situación de desempleo de larga duración o en exclusión social y personas recomendadas por los servicios sociales en virtud de sus circunstancias personales o familiares. Este plan cuenta con una ficha financiera de 75 millones de euros para los años 2013-2015.

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