Hasta hace poco la malnutrición infantil era un problema que los españoles contemplaban a través de la televisión como un mal lejano propio de los países del tercer mundo. Sin embargo, el reciente informe del Síndic de Greuges -defensor del Pueblo de Cataluña- que cuantificaba en 50.000 los menores con malnutrición solo en esa comunidad desató las alarmas y puso el foco en una de las caras más amargas y silenciadas de la crisis económica: miles de niños en la España del siglo XXI tienen dificultades para alimentarse suficientemente. Los datos han provocado un revuelo político, pero no han sorprendido a ONG como Cáritas o Cruz Roja, que llevan bastante tiempo denunciando esta dramática situación.
Según datos de Unicef en España, la pobreza alcanza ya al 27,2% de los menores, o lo que es lo mismo, a 2,3 millones de niños. El umbral se establece para hogares con unos ingresos inferiores a 15.500 euros en una familia con cuatro miembros. En cualquier caso, desde este organismo dependiente de la ONU matizan que esto no significa que más de una cuarta parte de los menores en España estén malnutridos. Las familias más vulnerables deciden realizar antes ajustes en cualquier otro aspecto (ocio, ropa...). Pero advierten de que sí están en riesgo de padecer este mal en un futuro. Además, Unicef también señala que no solo ha aumentado la pobreza, sino la intensidad de la misma. Es decir, que los pobres son más pobres.
«No hay justificación para que este país no pueda alimentar a sus ciudadanos, especialmente a los niños», asegura Gabriel González-Bueno, responsable de Políticas de Infancia de Unicef en España. Este experto confirma que los servicios sociales han detectado «un auge» de la malnutrición infantil en los últimos años. Para González-Bueno, la causa está en la falta de ingresos de las familias. ¿Esto significa que los niños en España pasan hambre? La respuesta es negativa. Y es que los expertos diferencian entre desnutrición, que puede tener una causa médica y que supone graves desórdenes por falta de alimentos, y malnutrición, que significa una mala calidad de la alimentación. En España se han detectado casos de este segundo tipo. Es decir, que los niños no ingieren las 2.100 calorías al día que recomienda la OMS. Y es que según González-Bueno, la prolongada falta de ingresos en los hogares por la profundidad de la crisis ya está provocando que muchas familias tengan que acabar recortando en lo básico: la comida.
«Primero rebajan la calidad de los alimentos y compran más barato. Dejan de adquirir carne y pescado, posteriormente verduras y frutas frescas. Por contra, comen mucha pasta y arroz, que no contienen todos los nutrientes necesarios. Lo último es reducir la cantidad de la comida», explica el responsable de Unicef. Este déficit alimentario afecta al desarrollo del menor, además de aumentar el riesgo de sufrir enfermedades respiratorias y cardiovasculares, así como de las infecciones. Desde Unicef denuncian que la situación de las familias más vulnerables se ha agravado por los recortes.
«Se ha producido una pérdida en la capacidad de protección de las familias mediante la reducción de ayudas como las becas comedor», explica González-Bueno. Y es que la única dieta equilibrada que reciben muchos alumnos es la de los centros escolares. Según cálculos de Unicef, aumentar en 100.000 el número de estas ayudas tendría un coste de 85 millones de euros. «Una cifra ridícula comparada con el dinero dado a los bancos», destaca González-Bueno.
La gravedad del asunto se refleja en la mediación de la propia Defensora del Pueblo, Soledad Becerril. Hace unas semanas recomendó a todas las comunidades autónomas la elaboración de programas específicos para atender las necesidades de alimentación de la población infantil. Becerril hizo este llamamiento después de detectar «demora en las ayudas por el incremento de las solicitudes y por la falta de disponibilidad presupuestaria».
El Gobierno parece haber tomado nota y el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales prepara un Fondo Social de 60 millones para ayudar a las familias en «riesgo absoluto» que no pueden alimentar a sus hijos. Sin embargo, las organizaciones sociales insisten en que el problema de fondo tiene que ver con la falta de ingresos, es decir, de empleo. Por eso subrayan que las medidas que adopte el Gobierno deben ir más allá de los problemas de alimentación y dejar de recortar en prestaciones sociales.
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