E l Parlamento de Canarias debatirá esta semana, en pleno mes de julio, la estrategia del Gobierno regional contra la pobreza, un documento que se asienta sobre cinco pilares ya conocidos. Como ideario es aceptable, pero la realidad es que no hay ni una medida económica concreta, ni un plan de acción a medio plazo, ni una salida visible para tantos canarios que sufren.
A la vista de este plan nos preguntamos: ¿de verdad quiere Rivero luchar contra la exclusión social o, como todo parece indicar, estamos ante una postura de cara a la galería? De entrada, su Gobierno reconoce que presentamos los peores indicadores de toda España, pero renuncia a afrontar la realidad de una comunidad autónoma con un 38% de pobreza y una tasa de desempleo cercana al 35%, en el que uno de cada dos parados ya no tiene ayudas.
Carecemos de medidas para dar empleo estable y de calidad a estas personas. Se habla de un Plan de Empleo Social de hasta 75 millones en tres años que, en el colmo de la mezquindad, el Gobierno admite que aportará puestos de trabajo temporales por un máximo de seis meses. ¿Y después? Bien al contrario, Canarias debe apostar por los autónomos, la empresa familiar, las pymes y el apoyo a la I+D+i+d, las principales medidas de fomento del empleo en que confiamos, junto al apoyo a las Universidades y la formación profesional. De todas estas políticas, ni una letra en la estrategia de Rivero. El trabajo, aunque a algunos se les olvide, es la mejor política social.
Igualmente, echamos en falta acciones para apoyar a las familias, institución fundamental en esta sociedad, tantas veces denostada, que ha salvado del hambre a toda una región en estos últimos años, o a instituciones como Cáritas, la mayor ONG del mundo, a la que el Ejecutivo autonómico ha pretendido reducir su aportación en estos años. Jamás nos creeremos una estrategia contra la pobreza que no se apoye en esta labor.
Por no hablar de medidas disgregadoras nunca antes vistas, como el plan para abrir los colegios en verano con el fin de dar alimentos a 8.000 niños. Finalmente han sido aproximadamente la mitad los que se han beneficiado de la medida, que llega tarde y sin el consenso necesario, motivando un gasto desorbitado a los ayuntamientos y creando distinciones intolerables. Ahora bien, si el Ejecutivo regional detectó en el mes de abril que hay menores que van a clase sin desayunar, ¿por qué ha esperado a julio para solucionarlo? Pura irresponsabilidad.
Sorprende, con todo, que la facción del PSOE y CC que están sosteniendo a este Gobierno -y los últimos acontecimientos ponen el acento en una creciente inestabilidad entre socios, cuya principal víctima son los ciudadanos- realicen un análisis tan optimista de su futuro más próximo, a la vista de la tendencia a la reducción de servicios sociales que se aprecia en nuestra comunidad autónoma, y confíen en que crecerá el presupuesto destinado a vivienda, dependencia y atención a los desfavorecidos.
El Partido Popular está abierto al diálogo y al consenso sobre estas y otras materias, como ya demostramos proponiendo un plan de empleo autonómico, que luego CC y PSOE no suscribieron, porque Canarias necesita una estrategia y un cronograma de trabajo para luchar contra la exclusión social. Es una cuestión de responsabilidad. Pero, ante todo, necesitamos un Gobierno dispuesto a marcar prioridades, y deshacerse de tanto gasto inútil, de la policía autonómica, de sus embajadas en el exterior, de su desmesurado derroche en publicidad -discriminando a determinados medios de comunicación-, y de instituciones como el Comisionado para el Autogobierno, creada ad hoc para una sola persona, mientras escatima ayuda para los desfavorecidos.
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