“Si el Estado ha rescatado el sistema financiero o a Bankia, los bancos deberían rescatar también a los ciudadanos sin recursos”. El magistrado y miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Edmundo Rodríguez Achutegui, propuso ayer, de esa manera, que el Gobierno regule por ley una moratoria legal para impedir la ejecución de hipotecas de primera vivienda de las personas que no puedan hacer frente al préstamo, mientras se mantengan en situación de desempleo.
El magistrado progresista que dirige un juzgado de lo mercantil en Vitoria lanzó esa propuesta durante un curso organizado por la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) en cooperación con el Instituto Vasco de Consumo, Kontsumobide, en el que analizó los problemas de sobreendeudamiento de los consumidores, la dación en pago y otras materias relacionada con el consumo.
La propuesta de Rodríguez Achutegui se produce en un contexto en el que las cifras ya son sobrecogedoras. En apenas cuatro años, Euskadi ha superado los 6.000 desahucios, según los datos recopilados desde 2008 por el Consejo General del Poder Judicial. No todos hacen referencia, sin embargo, a ejecuciones hipotecarias, ya que en las estadísticas no se diferencian estas de los impagos de rentas. Tampoco precisan si afectan a viviendas o locales de negocio. La cifra, eso sí, ha acelerado su crecimiento con los meses. Gipuzkoa es el territorio menos afectado. Hasta marzo el ritmo de desahucios de viviendas era de siete diarios en Euskadi
En su intervención, Rodríguez Achutegui sostuvo que si el Estado “ha rescatado el sistema financiero o a Bankia, los bancos deberían rescatar también a los ciudadanos sin recursos”.
“El Gobierno debería garantizar por ley” que las entidades financieras no puedan ejecutar las hipotecas durante todo el periodo en que permanezcan en situación de desempleo.
Según el magistrado, el sistema bancario no sufriría perjuicio porque la ley establecería esta moratoria supeditada a que los propietarios abonaran los gastos de comunidad y mantenimiento, las contribuciones fiscales y los seguros precisos para asegurar el valor de la vivienda.
De este modo, la garantía sobre la que recae la hipoteca no perdería, en su opinión, ni valor ni eficacia hacia el futuro. Como contrapartida, los desempleados conservarían el derecho a utilizar su vivienda pese a no poder pagar las cuotas del préstamo, “aplazando su exigibilidad al momento en que recuperasen los medios precisos para poder afrontar su pago”, pero sin que se produjeran desahucios que impidieran el derecho a la vivienda digna que garantiza la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Constitución.
El problema de los desahucios comenzó a adquirir una dimensión considerable en 2008. Aquel año se contabilizaron en Euskadi más de 1.200. El salto se produjo en 2010, con cerca de dos millares de casos, y el problema se disparó en 2011 al crecer un 14,2 %, por debajo de la media nacional del 21,8%, hasta llegar a los 2.242.
En Euskadi existe un Servicio de Mediación Hipotecaria que dirige el Gobierno vasco. Desde el pasado mayo ha recibido 364 llamadas, ha formalizado 107 entrevistas y evitado dos desahucios. Las entidades que se han sumado al programa son Kutxabank, BBVA, Banesto, Sabadell, Iparkutxa, Bankoa, EVO, Caja Laboral, La Caixa, Santander y Bankia. Entre todas tienen el 95% del mercado hipotecario.
fuentes http://ccaa.elpais.com
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