La oposición salió este viernes en tromba para exigirle al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que deje de refugiarse en el silencio y actúe con más dureza ante la corrupción y los escándalos que azotan al PP. El portavoz socialista, Antonio Torres, pidió al jefe del Consell que se pronuncie sobre la petición de Fiscalía Anticorrupción, que reclama 11 años de cárcel para la exconsejera de Turismo Milagrosa Martínez y nueve años de inhabilitación para Angélica Such, que la sucedió en el cargo. Ambas adjudicaron a Orange Market, la ventanilla valenciana de la trama Gürtel, el pabellón de la Generalitat en la feria de turismo Fitur entre 2005 y 2009 por un importe de unos cinco millones de euros.
“Fabra debe una explicación a los valencianos y con la callada por respuesta no se contribuye a la regeneración democrática de la que se ha mostrado partidario”, explicó Torres, que pidió que el presidente popular explique si el extesorero del PP Luis Bárcenas también repartió sobresueldos a cargos populares valencianos. El portavoz socialista recordó que el Grupo Popular paga sobresueldos de hasta 2.500 euros mensuales a los diputados de la dirección parlamentaria como dietas y al margen del salario del Parlamento. Estos sobresueldos, según el PP, tienen su correspondiente retención fiscal.
“Si de verdad quiere mejorar la imagen de la Comunidad Valenciana, que aparte a todas las personas imputadas o implicadas en casos de corrupción, porque la sociedad reclama medidas contundentes”, dijo Torres.
El parlamentario socialista instó a Fabra a apartar del partido a los cargos implicados en los escándalos si estos no quieren renunciar al escaño.
El portavoz de Compromís, Enric Morera, exigió en Vila-real la convocatoria urgente de la Diputación Permanente de las Cortes Valencianas para abordar los escándalos. “Hace falta que se acaben ya las largas vacaciones del PP y que nos reunamos porque están pasando cosas muy graves y el presidente de la Generalitat tiene que poner orden frente a los casos de corrupción que desprestigian nuestras instituciones”, manifestó Morera.
La coordinadora de Esquerra Unida, Marga Sanz, fue más allá y exigió a los dirigentes valencianos que tuvieron responsabilidades en la cúpula del PP nacional si cobraron sobres en negro de sobresueldo por parte de Luis Bárcenas.
Sanz recordó que Rita Barberá, Francisco Camps, Sonia Castedo, Gerardo Camps o Federico Trillo, entre otros, estuvieron en el comité ejecutivo del PP nacional. “Que aclaren si cobraron algún sobre de dinero negro”, dijo Sanz.
Enfrente, el portavoz del Consell, José Ciscar, aseguró que “el PP va a ser muy contundente y tomará las medidas cuando proceda para no cometer injusticias”. “Tenemos que actuar sobre seguro y la base de actuar con contundencia son las decisiones de los jueces”, dijo Ciscar. O dicho de otra manera, la expulsión del PP de un alto cargo implicado en un caso de corrupción solo se producirá cuando cruce la línea roja, es decir, cuando tenga una sentencia condenatoria.
“Nosotros manejamos parámetros objetivos, por lo que sería deseable que se modificara la legislación para que estos procesos fuesen de tramitación mucho más rápida. No puede ser que se eternicen años”, remachó el portavoz del Consell.
Mientras Ciscar justificaba la ausencia de medidas contra Milagrosa Martínez y Angélica Such, el presidente de la Generalitat se limitó a señalar en Castellón: “Somos respetuosos con las decisiones judiciales, en este caso con la petición fiscal, pero entendemos que [Martínez y Such] tienen que tener también la oportunidad de defenderse”.
“Desde el Partido Popular y el Gobierno hemos marcado una línea: que todas personas imputadas no puedan tener cargo directo en el Gobierno o responsabilidad en la dirección del grupo parlamentario y eso va a seguir así”, indicó Fabra.
El Consell ya manda en el Valencia CF
El Gobierno valenciano asumió este viernes que el futuro del Valencia CF está en sus manos. Tras confirmar que la Fundación del Valencia CF —tenedora de más del 70% de las acciones del club— no podrá hacer frente al crédito de 86 millones que tiene con Bankia, el vicepresidente José Ciscar anunció que la Generalitat asumirá la titularidad de las acciones e intentará renegociar el préstamo con la entidad financiera.
“La liquidez que ahora tiene la Generalitat la vamos a destinar a otros pagos más urgentes”, explicó Ciscar, que recalcó que el Consell participará en la elección del nuevo presidente de la Fundación del Valencia CF tras la dimisión de Társilo Piles pero no se inmiscuirá en la gestión diaria del club.
“No vamos a intervenir en la gestión, pero las acciones del Valencia CF son patrimonio de la Generalitat y estaremos vigilantes para que no se deteriore este patrimonio”, admitió el portavoz del Consell.
La política de avales a clubes de fútbol por parte del Consell va a convertir a la Generalitat en propietaria del Valencia CF, el Elche CF y el campo del Hércules CF.
“No es una situación deseada y de gusto pero vamos a hacer frente a la misma desde la sensatez”, dijo el portavoz.
fuentes http://ccaa.elpais.com
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