“El sector social con muy poco hace mucho, pero es muy importante que no se rompa, porque de ello depende la cohesión de la sociedad”, denunció Àngels Guiteras, presidenta de la Mesa del Tercer Sector Social de Cataluña. Y se puede romper no solo dejando de convocar subvenciones o recortando las ayudas, sino también no pagando lo que se debe. En cuanto a este último, el sector social aseguró ayer que el agujero de las administraciones con las entidades se eleva a 640 millones.
El peor pagador es la Generalitat, que adeuda 435 millones (68%), mientras que los ayuntamientos tienen pendientes 155 millones (24%) y el Gobierno central, los 50 millones restantes (8%). La parte positiva, si es que puede haber alguna, es que la deuda se ha reducido respecto a principio de año. En febrero, las mismas entidades reclamaban a las administraciones 899 millones, de los cuales 708 los adeudaba la Generalitat.
La deuda, a fecha de 1 de octubre, corresponde a varios conceptos, desde subvenciones, a conciertos, contratos y convenios y afectan a diferentes departamentos de la Generalitat, como Salud, Enseñanza, Empleo o Justicia. Pero la mayor parte, un 65% (unos 280 millones) son de Bienestar Social, una cifra que el departamento rechaza y reduce hasta los 100 millones.
La cifra que sí está clara son los 70 millones que el área que dirigeJosep Lluís Cleries dejó de pagar en julio en concepto de los conciertos sociales con residencias de gente mayor, discapacitados y centros de menores. En septiembre Cleries se comprometió a resolver el impagoantes de finalizar el año, esperando recibir este diciembre el último plazo del Fondo de Liquidez Autonómico (el sistema de las comunidades). Pero como el pago estatal no llegará a tiempo, la Generalitat también incumplirá su compromiso.
Para poder cuadrar los números a final de mes, las entidades sociales han tenido que echar mano a un sinfín de medidas. Según datos de la Mesa del Tercer Sector Social, que agrupa 4.000 entidades, el 90% de estas ha tenido que retrasar los pagos de las nóminas de sus trabajadores y un 51% ha tenido que ajustar la plantilla, ya sea vía despidos o reduciendo salarios. El ahogo económico también ha llevado al 8% de las entidades a no poder hacer frente al pago de las cuotas de la Seguridad Social, mientras que el 14% han solicitado aplazamientos del pago de impuestos a la Agencia Tributaria.
En esta tesitura se encuentra Amputados Sant Jordi, una entidad barcelonesa que hace 20 años que se dedica a dar apoyo psicológico y administrativo a las personas que sufren una amputación de un miembro. Su presidenta, Pilar Díaz, denuncia un impago de 100.000 euros, de los cuales 15.000 los arrastra desde el año pasado.
Este alto volumen de números rojos representa una montaña difícil de sortear para esta entidad con 11 trabajadores, que se ha visto obligada a despedir a ocho personas, después de ver cómo finalizaba un plan de ocupación de la Generalitat que le permitió contratar a trabajadores sociales y educadores para reforzar las actividades de la entidad. Entre ellas, algunas de recién creación, como el reparto de alimentos a las familias más necesitadas. “La mayoría son personas con más de 50 años que debido a su edad y a la incapacidad no encuentran trabajo y quedan relegadas a la miseria”, abunda Díaz. Los problemas económicos han llevado a la entidad incluso a recortar en este servicio básico. De 27 familias que recibían el año pasado lotes de alimentos se ha pasado a 10.
Además del recorte de personal y de los servicios, la junta de la entidad decidió ayer rebajar un 10% de los sueldos -que oscilan de los 700 a los 1.100 euros- de sus trabajadores. Así esperan cuadrar las cuentas sin tener que despedir a nadie más. El ahogo económico lleva también a los miembros de la junta a pagar de su bolsillo las cuotas de la Seguridad Social para evitar tener informes negativos de esta administración que después les pueda suponer un escollo a la hora de conseguir subvenciones públicas.
“La póliza que tenemos con el banco va a nombre de las seis personas de la junta y la avalamos con nuestras casas y nuestro patrimonio personal”, asegura Díaz, quejosa de lo que califica “sistema perverso”. “Pides una subvención, te la dan, pero a lo mejor tardas un año y medio en cobrar. Mientras tanto, para pagar las nóminas tienes que pedir un crédito. Este año pagaremos 10.000 euros en gastos financieros, entre comisiones e intereses. Y en el fondo, estamos dando un servicio que las administraciones no cubren”.
“La situación es cada vez más complicada, cada vez nos es más difícil colaborar con la administración porque no es fiable y no cumple con sus compromisos”, denunció Àngels Guiteras, presidenta de la Mesa del Tercer Sector Social. Guiteras también criticó a la Generalitat porque se pague antes a los bancos que a las personas más necesitadas. “Las familias, a la infancia y a las personas vulnerables no estamos entre las prioridades”, se quejó.
El sector Guiteras reclama “con carácter urgente” un plan de devolución de la deuda y, a nivel más global un “pacto de país” para evitar que las dificultades de tesorería de la Generalitat no afecten a los colectivos mas vulnerables. También piden que el gobierno catalán medie con bancos para que éstos faciliten créditos a las entidades que les permita pagar puntualmente facturas, impuestos y nóminas.
“La administración no valora el trabajo hecho. Los servicios sociales no son un gasto, son una inversión en calidad de vida. Si a un discapacitado le das instrumentos, acabará siendo autónomo. De lo contrario, será más dependiente y supondrá más coste sanitario y social. A la larga, los recortes salen más caros”, concluye Díaz.
fuentes http://ccaa.elpais.com
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